Article d’Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d’Units per Avançar, publicat el dia 15 d’abril de 2022 a la revista Buen Gobierno  de l’Economista.

CRISIS Y FISCALIDAD

La situación económica ha pospuesto la reforma fiscal y ha reabierto el debate sobre la conveniencia de bajar los impuestos.

Ante todo, hay que recordar que la situación económica de España no es la de muchos de nuestros vecinos, como Alemania o Países Bajos. Nuestro déficit estructural aumenta la deuda pública año tras año, que se sitúa ya muy cerca del 120 % del PIB.

Tal situación, que viene de antaño y nada tiene que ver con los actuales acontecimientos, limita sobremanera cualquier bajada de los impuestos, en la medida que, hacerlo, significaría aumentar el déficit y la deuda.

Recuerdo, una vez más, que España incumple el art. 135 de nuestra Constitución y, en concreto, los límites de endeudamiento que la ley establece.

Dicha situación provoca, además, un problema intergeneracional al hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos.

El problema, sin embargo, no proviene de la injustificable invasión de Ucrania, que también, sino de la irresponsabilidad de no abordar dos temas que son prioritarios y urgentes: el gasto y un plan estratégico para nuestra economía.

Empezando por el segundo, el problema energético es en parte consecuencia de la falta de decisiones de los diferentes gobiernos. Los problemas del transporte, agricultura, ganadería y pesca exigen desde hace ya mucho tiempo un profundo replanteamiento estructural, como lo requieren otros muchos sectores. La subida de precios es tan solo la gota que ha colmado el vaso de la inactividad e inacción.

No existe, tampoco, una política industrial definida y un apoyo decidido a las PYMES y autónomos que les permita profesionalizar su gestión, crecer, y afrontar su internacionalización.

Las medidas adoptadas hasta hoy confirma nuestra vocación de un Estado subvencionador y no promotor de la iniciativa y el desarrollo personal.

No existe tampoco una verdadera vocación de colaboración público-privada.

En este contexto, cualquier imprevisto nos afecta mucho más que a otros países. Pero el problema no es coyuntural. Es estructural. Y por ello es urgente adoptar medidas a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo.

La denominada Agenda 2030, y muchos otros documentos, están ahí. Pero son papel mojado. Por no hacer, no se promueven los Fondos Next Generation como una oportunidad para la renovación e innovación; para afrontar un cambio de paradigma económico y social. Parece que sean, tan solo, una ayuda más.

En el ínterin, crece la desconfianza, la inseguridad jurídica, el desánimo por emprender nuevas ideas, la incertidumbre del futuro y, como no, el endeudamiento de muchas empresas y particulares.

Es pues, urgente, actuar ya. Es imprescindible el diálogo y el pacto social. Es la hora de entender que sin riqueza privada no hay sector público posible. No hay Estado del Bienestar sostenible. Es el momento de un pacto por una economía de mercado social y responsable que permita crecer y crear empleo y riqueza. Es el momento de motivar al ciudadano con proyectos que se perciban esperanzadores. Es el momento de que vislumbremos un futuro cierto y con ilusión; de abandonar las políticas proteccionistas e intervencionistas y sustituirlas por las de fomento a la iniciativa privada y al desarrollo personal. Las ayudas estigmatizan negativamente. Fomentar la iniciativa y el desarrollo, dignifica a la persona.

Pero tan urgente y prioritario, o más, es la revisión del gasto y su eficiencia y eficacia; revisión que no significa desmantelar el Estado del Bienestar, sino eliminar lo superfluo, las duplicidades, el gasto político y clientelar, además, claro, de revisar la eficiencia y eficacia de las políticas de gasto, y el retorno social de las subvenciones e incentivos fiscales.

A pesar de que la AIREF ha avanzado mucho al respecto, tengo la impresión de que se ignoran sus conclusiones. Lo único importante, parece, es cumplir formalmente con Bruselas.

Por otra parte, afrontar la crisis exige una combinación de políticas progresivas y selectivas de gasto y medidas impositivas.

En cuanto a estas últimas, es necesario anticipar a las empresas sus créditos fiscales, entre otros, los derivados de bases imponibles negativas pendientes de compensar y de deducciones pendientes de aplicar. No tal vez de forma generalizada, pero sí selectiva. Tal medida permitiría inyectar liquidez y evitar despidos o expedientes de empleo, además de no incrementar el endeudamiento medio de las empresas.

Por otra parte, es urgente distribuir adecuadamente la progresividad de tal suerte que quien más capacidad tiene, pague, “en su conjunto”, y en términos absolutos y relativos, más que el que menos tiene. De afrontarlo, podría reducirse la presión fiscal que sufren las clases medias y aumentar la de las clases altas de verdad. Se trata, en definitiva, de actuar sobre la equidad y la justa redistribución de la riqueza.

En definitiva, el incremento de recaudación que el Gobierno necesita, ya que, recordémoslo, estamos en situación empresarial de insolvencia, ha de provenir del incremento de riqueza y de la creación de empleo, y, en definitiva, de un fortalecimiento de las clases medias y del aumento de la renta per cápita. Lo contrario es empobrecernos todavía más.

Y para ello, es urgente y prioritario un plan estratégico de nuestro modelo económico y sus sectores, políticas progresivas y selectivas de gasto en favor de los más desfavorecidos, una revisión y reducción del gasto, incentivos incluidos, una redistribución de la progresividad, y medidas fiscales que permita adelantar créditos fiscales.

¡Actuemos ya!

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor UPF y Socio Director DS