Artículo de Antoni Durán-Sindreu, miembro del Comité Directivo de Units per Avançar, publicado en La Vanguardia el dia 24 de mayo de 2021.

Pues no lo sé. Me refiero a cuál es la respuesta adecuada. Sin embargo, y a pesar de no ser un experto en fiscalidad autonómica, quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones que me parecen de sentido común.

Ante todo, subrayar, una vez más, que centramos siempre el debate en el ingreso y no en el gasto. Craso error. Pero, además, para comparar, hay que conocer el nivel de eficiencia y eficacia en las distintas políticas de gasto.

La verdadera piedra filosofal es el gasto y su gestión; primero es este, y después, y solo después, son los impuestos

En efecto; una comunidad autónoma puede necesitar más ingresos simplemente porque es ineficiente en la gestión del gasto o porque está estructuralmente sobredimensionada.

Por el contrario, otra comunidad puede ser que gaste menos porque sus políticas de gasto no son plenamente eficaces. Por tanto, lo primero es conocer el nivel de eficiencia y eficacia en el gasto.

Después, y para comparar, hay que averiguar si lo que se compara es o no homogéneo, en concreto, si el nivel de competencias que una u otra comunidad asume es el mismo. De lo contrario, la comparación no es uniforme.

En tercer lugar hay que profundizar sobre el modelo de sociedad por el que una y otra comunidad apuestan. Según cuál sea ese modelo, el nivel de gasto es también mayor o menor.

En este punto, una vez más, hay que recordar que lo “público” no exige que su prestación y/o su financiación sea exclusivamente pública.

Por tanto, y una vez más, el gasto es el epicentro del problema; el foco del debate.

Los impuestos son solo el instrumento constitucional para sufragarlo. Pero la verdadera piedra filosofal es el gasto y su gestión. Primero es este, y después, y solo después, son los impuestos.

Desde esta perspectiva, lo que los políticos de una y otra comunidad autónoma deben transparentar es la necesidad y eficacia de sus políticas de gasto, el retorno que, en términos sociales, económicos y de bienestar tienen tales políticas, y los criterios de eficiencia en su gestión. Después, y solo después, hablemos de cómo financiarlo.

Anteponer la mayor o menor recaudación de una y otra comunidad autónoma sin conocer si los datos son comparables y obviando la importancia capital que el gasto y su gestión tienen es distorsionar la realidad.

El problema no es pagar impuestos, sino que los que se pagan sean para cubrir un gasto eficiente y eficaz. Se trata, pues, de que los impuestos sean eficientes, ya que, si no lo son, se está vulnerando la constitución y violando el derecho a la propiedad privada.

Desde esta perspectiva, la verdadera competencia fiscal reside en diseñar políticas de gasto eficientes y eficaces.

Competir, pues, en el gasto; en su gestión; en su financiación. Competencia estrechamente vinculada con el modelo de sociedad al que se aspira y con los medios necesarios para conseguirlo. El reto, por tanto, es conseguir el objetivo con los menores recursos públicos posibles. Reto que exige una estrecha colaboración público-privada.

Centremos pues el debate y dejemos de confundir a los ciudadanos.