El problema de las reformas fiscales es la enorme hipocresía con la que la mayoría de nosotros las afrontamos. Repetimos por activa y por pasiva que hay que mejorar la progresividad y la justicia tributaria. Pero después, cuando nos ponemos en privado a hacer números, ponemos el grito en el cielo y estudiamos con detalle el diseño legal e ideal para anular el impacto de la misma.

Por otra parte, aquellos que tanto hablan de que paguen los ricos o de que nuestra presión fiscal es inferior a la media de la UE, son también en gran parte los responsables de una asfixiante inseguridad jurídica de la que, por qué no decirlo, se aprovecha también la Administración, como lo haría yo, propiciando, eso sí, una indeseable conflictividad. En definitiva, nula calidad legislativa y una gran inseguridad jurídica, circunstancias, ambas, que para el gran público se perciben como artimañas de los ricos para aprovecharse de los huecos y lagunas fiscales. Nadie dice, por eso, que el responsable de los mismos es el propio legislador.

Se vende también la idea de que hay que acabar con los privilegios fiscales y que hay que gravar más a los ricos. El gran público, desconocedor en gran parte de los detalles, y preocupado tan solo por su cada vez menor poder adquisitivo, acaba creyéndose la mediática y popular idea de que se van a poner impuestos a los ricos. Conscientes los políticos de ese desconocimiento, se repite una y otra vez aquello de la justicia o escudo social que, claro está, los ricos han de financiar. El argumento es impecable: los beneficiados de la inflación han de pagar la fiesta a los que no pueden participar de la misma y que, por cierto, son la gran mayoría.

Lo cierto es, que todo es verdad y todo es mentira. Pero mucho me temo que la mentira se repite tantas veces que hasta el mentiroso cree estar en posesión de la verdad. Una prueba de ello es el flamante impuesto solidario sobre las grandes fortunas, cuya gran virtud es la de decir que se grava lo que no se grava creyéndose que si se grava. Vaya, lo de la mentira repetida mil veces.

No deja de ser curioso que las grandes fortunas de verdad no solo no se hayan quejado del impuesto, sino que, en algunos casos, incluso se han mostrado hasta solidarios con el mismo. Solidaridad, por cierto, que nada tiene que ver con la de muchas grandes fortunas al otro lado del atlántico.

Y les explico la trampa. El flamante y nuevo impuesto es una auténtica vendetta entre partidos políticos. En efecto, después de la victoria del PP en Andalucía, su presidente anuncia la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) que se interpreta, además, como poner menos impuestos a los ricos. Para contrarrestar esa iniciativa, y en vez de apelar al verdadero fraude –a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)– que tal iniciativa supone y a la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, se va a lo fácil y a lo popular. Aprovechando el contexto, resurge el monstruo dormido y se anuncia un flamante impuesto sobre las grandes fortunas cuya única (y lógica) aspiración es la de neutralizar al adversario político, además, claro está, de anular sus efectos. Para dulcificarlo, se habla de armonización. Expresión, una vez más, que ni es verdad ni es mentira.

Pero, además, el solidario impuesto mantiene las actuales exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, en particular, las relativas a la empresa familiar; circunstancia que provoca que una parte de las grandes fortunas no hayan de pagar prácticamente nada. Y digo grandes fortunas, porque un gran número de estas se concentran en acciones, participaciones o similares, de sociedades. Se trata, digámoslo claro, de empresas, en muchos casos, cuya consideración como familiares, en términos coloquiales, es más que discutible, como lo es, también, su tratamiento privilegiado a la vista de una recomendación europea dirigida tan solo a las pymes. Y ello, claro está, sin tener en cuenta otro gran número de sociedades que visten el traje de empresa familiar, a pesar de que no sea de su talla. Traje, por cierto, que los políticos conocen muy bien. ¿Hipocresía?

¿Quién pagará, pues, este impuesto? Pues patrimonios procedentes de rentas altas que, si se me permite, no son grandes fortunas. De ahí la hipocresía fiscal a la que antes me refería, ya que el verdadero escudo social es, en este caso, mantener la exención de aquellas empresas que todos identificamos como grandes fortunas.

Pero ahí duele. A unos y a otros. Se trata de una hipocresía fiscal compartida de la que no se habla, porque lo único que importa es anunciar a bombo y platillo un impuesto solidario sobre las grandes fortunas que, una vez aplicada la letra pequeña, libera a una gran parte de las mismas.

Una reforma fiscal exige un sistema fiscal sencillo y transparente, exento de privilegios injustificados y de recovecos encubiertos, que se perciba como justo, y que en su conjunto sea verdaderamente progresivo. De lo contrario, las rentas del trabajo y las pymes continuarán sufriendo un verdadero infierno fiscal.

Y que quede claro. Estoy a favor de un impuesto sobre las grandes fortunas, pero no del que se nos ha propuesto. Un impuesto que permita igualar el hecho de que las rentas del trabajo, las procedentes de actividades económicas y las derivadas del capital inmobiliario, tributen en el momento de su obtención, y algunas de las rentas del capital mobiliario, por ejemplo, las derivadas de acciones y participaciones, tributen en el momento de su materialización. Se trata, pues, de replantear el actual Impuesto sobre el Patrimonio y de gravar de forma eficiente determinados patrimonios, circunstancia que exige salvaguardar la reinversión y la capitalización de los beneficios obtenidos, así como la inversión productiva generadora de riqueza y empleo. Y sin hipocresía, claro.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es Profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Socio Director DS