La crisi del coronavirus: apocalipsi o oportunitat?

May 5, 2020

 

Article d'Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d'Units Per Avançar.

 

Mucho me temo que cuando haya transcurrido la pesadilla del COVID-19, la presión fiscal se incrementará de forma notable. Es cierto, no obstante, que, dada la magnitud de la actual catástrofe económica, previsiblemente ello no ocurrirá a corto plazo.

 

Pero hoy no me voy a referir a esto porque la actual crisis económica me ha traído a la mente reflexiones que quisiera compartir.

 

No son reflexiones de técnica tributaria. Pero creo, de verdad, que en ocasiones hay que hacer un stop en el camino y aprovechar nuestra posible influencia para salirnos de nuestra torre de cristal y avivar debates que son también necesarios.

 

Ya he dicho varias veces que contribuyente y Administración no son iguales ante la ley. Y no lo son por las consecuencias que la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene.   

Pero esa desigualdad es más manifiesta, si cabe, si observamos con detenimiento las diferencias que existen entre el sector público y el privado.

 

Mi crítica, vaya por delante, es una crítica al sistema; no a las excelentes personas y profesionales que conforman el perímetro de la Administración Pública española.

Es obvio que el sector público goza de unos privilegios que el sector privado no tiene.

Para empezar, y no es poco, el sector público vive ajeno al estrés de los ERTE y otros avatares propios del sector privado. Todos los funcionarios tienen su salario, y sus prerrogativas, garantizadas.

 

Se trata de una discriminación difícil de entender en términos de igualdad, pero de la que nadie habla.

 

Y lo cierto es que todo parecido entre el régimen jurídico de los funcionarios y de los empleados privados es pura coincidencia. Ni los “moscosos”, ni las excedencias con reserva del puesto de trabajo, ni la imposibilidad de despido o de ERTEs, ni un largo etcétera, son iguales. Por ser diferentes, lo son también los salarios entre sectores de actividad idénticos.

 

Por si fuera poco, la crisis se ceba especialmente, por no decir exclusivamente, en el sector privado.

 

La crisis, por tanto, afecta de forma desigual al sector público y al privado.

Pero claro, reconocer que la economía es la garantía del bienestar, o la de una vida digna, duele y mucho. Pero esta es la realidad.

 

Si damos un paso más, hablar de economía es hablar de empresas. Estas son quienes crean y destruyen riqueza; quienes financian al sector público; las que crean desigualdades, y evitan mayor pobreza. Las que permiten que el sector público se financie. Sin sector privado no hay sector público posible.

  

Y lo privado, la economía, las empresas, los ciudadanos, las personas requieren hoy de liquidez. Liquidez urgente. No créditos. Ayudas directas; a fondo perdido. No reintegrables. Ni más ni menos, lo mismo que España pide a Europa para sí misma. ¿Una contradicción, no?

Y ahí viene la segunda desigualdad. Cuando el sector público se ha de comprometer con el privado, no lo hace.

 

Y no lo hace porque lo que las empresas necesitan hoy son esencialmente tres cosas que el sector público no les da.

 

La primera, transfusión de sangre, esto es, liquidez no reintegrable. Ayudas directas. Ni más, ni menos, lo que Alemania o Dinamarca están también haciendo con sus empresas.

 

La segunda, oxígeno, esto es, liquidez reintegrable que les permita recuperar la normalidad. Pero tampoco. La burocracia de la Administración y la avaricia de algunas entidades financieras están dificultando que aquella llegue al paciente. Las PYMES y los autónomos están desolados. A muchos se les solicita aval; se les deniega la ayuda; o se les exigen condiciones creo que abusivas. Muchos de ellos ya han muerto. Otros muchos están ya en la UCI. Y poca broma. Representan más del 80 % del PIB. No nos equivoquemos. Estas, y no las grandes, son las empresas que más ayudas necesitan porque son las más frágiles económica y financieramente. Las que carecen de recursos. Las que viven en permanente economía de supervivencia.

 

Y la tercera, confianza de la Administración para que el propio sector privado sea quien se autorregule renegociando contratos, acuerdos y/o pactos, refinanciando deuda, o rediseñando políticas empresariales. Pero no. La obsesión por el intervencionismo, o, mejor, por el paternalismo, nos corroe.

 

Y claro, el problema, ya lo verán, será la falta de solidaridad europea. No la insolvencia económica de la que España se ha hecho acreedora con creces. No; la falta de solidaridad. Pero lo que falta, además de solidaridad, es humildad en reconocer los errores que no permiten a España ayudar a las empresas como los países más “prudentes” económicamente están haciendo.

 

Sea como fuere, no hay correspondencia entre el esfuerzo que la Administración exige permanentemente a las empresas y a los ciudadanos y el que se espera que, en momentos como los actuales, la Administración haga por ellos.