Silencios fiscales


Article publicat a Expansión el dia 13 de juny de 2019.


Finalizada la maratón electoral, llega la hora de cumplir con lo prometido. Pero no me voy a referir a ello, sino al silencio electoral; esto es, a lo que nadie, o casi nadie, ha dicho. Coincido con el presidente en funciones en que no se trata de subir o bajar los impuestos, sino en cómo se redistribuyen. Quisiera tan sólo recordar que, considerando la Seguridad Social como un impuesto, el peso de la imposición progresiva (básicamente, el IRPF) apenas alcanza el 25% del total de los ingresos. Difícilmente se puede afirmar que nuestro sistema tributario cumple con el postulado de la progresividad al que el art. 31 de la Constitución se refiere. Es cierto, no obstante, que la redistribución no sólo se consigue a través de tipos progresivos, sino también mediante políticas de gasto progresivas.


Pero antes de profundizar en ello, hay que centrarse en los pilares que constituyen la esencia del denominado “contrato social” y que contribuyen a edificar la percepción interior que el contribuyente tiene de su Administración.


El primero es el gasto público. Salvo error, ningún partido político ha propuesto reducirlo. Parece como si hacerlo equivalga a recortar el Estado de Bienestar olvidando la imperiosa necesidad de eliminar las duplicidades, el gasto superfluo, el gasto clientelar, y de revisar la eficacia de las subvenciones, exenciones, reducciones, privilegios y similares. La austeridad, eficiencia y eficacia son pilares esenciales en la gestión de las políticas públicas que en nada interfieren en la calidad del Estado de Bienestar. El objetivo es un Estado eficiente y políticas eficaces y de calidad. Es pues imprescindible empezar la casa por sus cimientos y revisar su estado actual: el gasto público.


El segundo es la gestión de lo público. Existe la creencia de que ésta ha de ser necesariamente pública, presentándonos como antagónicos dos modelos que no lo son: público y privado. Sea como fuere, no me refiero a privatizar lo público, sino a fomentar su gestión privada mediante contratos de concesión o contratos programa en los que se regule con todo detalle. Ejemplos tenemos, y muchos. Uno de ellos, el transporte público municipal. Otro, las ITV. Este es también el modelo sueco de Estado del Bienestar. Este importante cambio de mentalidad en la gestión de lo público es a su vez la antesala de la imprescindible colaboración público-privada en el impulso y desarrollo de proyectos estratégicos; colaboración que hay que completar con el necesario compromiso del sector privado en las políticas sociales (alquiler, vivienda, etc.), y el imprescindible fomento al mecenazgo. El objetivo, recordémoslo, es un Estado eficiente con servicios de calidad.


Regeneración pendiente


El tercero de los pilares es la denominada regeneración democrática y que se acostumbra a limitar al problema de la corrupción, al de las puertas giratorias y al de los aforamientos. Se olvidan, sin embargo, otras cuestiones mucho más importantes. La primera, la necesidad de órganos administrativos de control verdaderamente independientes tanto en lo orgánico como en la designación de sus miembros; órganos que requieren la adecuada dotación de recursos. Y órganos, en definitiva, que han de garantizar la transparencia, el correcto funcionamiento del mercado y evaluar las políticas públicas. Se dirá, y es cierto, que ya existen. Pero ni son independientes ni están dotados de los recursos necesarios y la designación de sus miembros es a dedo. La segunda, es la necesaria separación de lo político y lo público mediante una reforma de la Ley de la Función Pública que permita que los funcionarios de carrera alcancen con criterios de meritocracia los máximos niveles de la Administración, separando la gestión técnica de la decisión política. En definitiva, profesionalizar la Administración; despolitizarla. Y el tercero, revisar el actual régimen del funcionariado y sus privilegios con relación al sector privado. Si la igualdad es el objetivo, hay que abrir el melón de lo público y preguntarnos si la actual desigualdad entre empleo público-privado es lógica o hay replantearla. Los amantes del modelo sueco, que tanto nos recuerdan su presión fiscal, se olvidan de que sus funcionarios apenas tienen privilegios con relación al sector privado.


Y, por último, tres cuestiones que considero vitales. Una, la cotización a la Seguridad Social en función de los ingresos de cada uno y con independencia de su condición, autónomo o trabajador dependiente; cotización a la hay que vincular el derecho a iguales prestaciones en igualdad de condiciones. Otra, garantizar la seguridad jurídica; esto es, calidad y estabilidad legislativa y mecanismos para reducir la conflictividad. Y la tercera, el carácter subsidiario del Estado. El pleno desarrollo de la persona exige que aquel se limite a promover y posibilitar un marco social y económico en la que ésta pueda desarrollar en igualdad de condiciones y oportunidades su pleno potencial. En definitiva, el Estado al servicio de la persona, y no al revés. Un Estado posibilitador y no subsidiador.


Afrontados estos “silencios” electorales, que son los que restan votos, es cuando hay que afrontar, y no antes, las promesas electorales, que son las que los suman. Pero para ello es necesario que el “contrato social” asiente sus raíces en un Estado eficiente, eficaz y posibilitador, que, con empatía, transparencia y seguridad jurídica, preste con eficacia servicios de calidad y transmita confianza en un marco de bienestar, igualdad y profesionalidad bajo la permanente supervisión y evaluación de órganos independientes; objetivo, eso sí, que obliga a socializar con valentía y sentido de Estado los “silencios” fiscales.


Profesor en UPF y socio director en DS

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