Reptes fiscals



ANTONIO DURÁN-SINDREU BUXADÉ

Profesor UPF y Socio Director DS

22/02/2018 - La Vanguardia


Recentment, hem sabut que l’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya ha començat a prendre petites participacions accionarials en start-up, encara que el gruix de la seva inversió continua consistint en préstecs participatius. Es tracta, sense cap dubte, d’una bona notícia que ha de marcar un canvi en la política econòmica de la Generalitat i d’Espanya en general. En efecte, davant la sufocant pressió fiscal que suporten les classes mitjanes empobrides per la crisi econòmica, és important que sorgeixin iniciatives públiques que permetin augmentar els ingressos fiscals. Una d’elles és la participació del sector públic en aquelles activitats privades que es considerin d’interès general o estratègic. La qual cosa implica, en definitiva, no limitar-se a promoure-les o a fomentar-les sinó a participar-hi, és a dir, a rendibilitzar l’ajuda pública, que és de tots.


Tot i això, aquesta no és l’única mesura que és necessari adoptar en aquests moments. No s’ha d’oblidar, per exemple, que els robs –robots– són ja una realitat que tindrà efectes negatius en relació amb la feina de les persones tal com tradicionalment la concebem. Cal, doncs, plantejarse la seva fiscalitat i la necessitat que el seu titular cotitzi per ells a la Seguretat Social i satisfaci els impostos que corresponguin. I no, no estic boig. Aquests robots faran la seva feina exactament igual que la que avui fan les persones. Precisament per això és també important preparar ja un pla de formació pensant en les noves feines que el futur ens ofereix.


D’altra banda, si l’esperança de vida humana augmenta, la feina tradicional es redueix i l’envelliment de la població es consolida, caldrà pensar també com finançar les futures pensions en un horitzó de durada de la jubilació molt més llarga que l’habitual fins ara. No s’ha d’oblidar que, encara que els robots substitueixin en els seus llocs de treball un nombre determinat de persones, aquestes continuaran existint.


Però encara hi ha més. Les nostres petites i mitjanes empreses no tenen futur si no milloren la seva eficiència, és a dir, si no es professionalitzen. I això requereix, també, un pla urgent d’actuació. Sense millorar la seva eficiència, el risc de mortalitat és superior i el seu consegüent impacte negatiu en els ingressos és evident. És, doncs, urgent dissenyar un pla de professionalització basat, entre molts altres instruments, en crèdits fiscals, això és, en ajuts públics reintegrables.


Un altre repte no menys important és apostar per una economia èticament sostenible i responsable, circumstància que exigeix fomentar la responsabilitat social corporativa que, lluny de significar incentius fiscals que redueixin els ingressos públics, fomentin determinats comportaments i actituds en els quals s’assenti la relació entre els diferents operadors econòmics. Aquests són tan sols alguns dels molts reptes que cal afrontar. Per això, no em cansaré de reiterar la urgència de dissenyar un projecte de futur realista que generi confiança i il·lusió.


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Culebrón fiscal

Hace unos días, un Ayuntamiento me invitó a que explicara la situación fiscal del transporte público de viajeros. Como muchos Consistorios, este servicio público se presta a través de concesionarios privados que cobran de los usuarios las tarifas fijadas por la Administración y perciben de esta última los fondos públicos necesarios para cubrir el déficit de explotación, esto es, la diferencia entre lo que ingresan por las tarifas y el coste del servicio. Más que un servicio deficitario, estamos, en realidad, ante un servicio público cofinanciado ya que su financiación proviene del beneficiario directo del mismo, esto es, del usuario, y de su beneficiario indirecto, esto es, de la propia sociedad.


El problema surgió hace ya algunos años cuando la Administración, en concreto, la AEAT, entendió que tales aportaciones públicas eran en realidad una subvención vinculada al precio y que, por tanto, había que repercutir sobre las mismas el IVA correspondiente.

Recientemente, la AEAT ha matizado sutilmente su interpretación y considera ahora que tales aportaciones son, más bien, la contraprestación a un presunto contrato de prestación de servicios entre la Administración Pública y el operador del transporte; interpretación que toma como referencia algunas Resoluciones del TEAC. No obstante, su consecuencia práctica es la misma que antes: hay que repercutir el IVA correspondiente.


El origen de la controversia procede de una dudosa interpretación por parte del TEAC de la denominada Sentencia Rayon D’Or, interpretación que, como es obvio, la AEAT ha aplicado.

Se olvida, no obstante, que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo es la de que las subvenciones-dotación no se pueden considerar “subvenciones ligadas al precio de los servicios que suministra (ni) tampoco (…) como contraprestación del conjunto de operaciones que realiza la entidad (ya que la) compañía no lleva a cabo ninguna operación (…) a favor del Ayuntamiento que permita considerar las cantidades que recibe como contraprestación” (STS de 17/2/2016).


Y se olvida, también, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que para que exista una subvención vinculada al precio es necesario que exista una “ventaja” para el usuario que se traduzca en una reducción del precio del servicio que este habría de pagar en el caso de que la subvención no existiera en el marco de un mercado comparable y potencialmente posible; circunstancia esta que no ocurre en nuestro caso ya que nos encontramos ante un servicio esencial de competencia exclusiva. Este es también el criterio de la DGT que, en su Resolución V0794-11, de 28 de marzo 2011, relativa a las viviendas de protección oficial, señala que “no se cumple el requisito señalado (incidencia de la subvención en el precio de la operación), puesto que el precio de las operaciones, tratándose de viviendas protegidas, está tasado de antemano con arreglo a los precios máximos fijados por la Administración y no se ve alterado por la concesión de la subvención, de manera tal que la citada magnitud viene dada por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes intervinientes en su concesión”.


Para solucionar tal conflicto, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, clarifica que no son subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación, las aportaciones dinerarias que, sea cual sea su denominación, y sea cual sea su forma de gestión, las Administraciones Públicas realicen para financiar la gestión de servicios públicos en los que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Esta “clarificación” normativa, como así mismo la define su Exposición de Motivos, está siendo interpretada por la Administración como si se tratara de una modificación sustantiva de la ley vigente con efectos, por tanto, a partir de su entrada en vigor.


Tal interpretación ignora que se trata de una modificación que recoge el criterio jurisprudencial clásico del TJUE. No hay que olvidar que el concepto de “subvención vinculada al precio” es un “concepto autónomo de Derecho Comunitario”, esto es, un concepto cuyo contenido ha de ser idéntico en todos los Estados Miembros sin que ninguno de ellos tenga capacidad normativa para otorgarle un significado distinto del que se deriva de la Sexta Directiva.


En este contexto, y con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, “clarifica” el concepto de subvención vinculada al precio precisando su alcance de acuerdo con los criterios jurisprudenciales fijados por el propio TJUE.


Dada la primacía normativa que la Directiva Comunitaria tiene con relación al ordenamiento interno de cada Estado Miembro, la clarificación que el legislador hace tiene pues la vocación de que su aplicación se realice de forma homogénea de acuerdo con los criterios del TJUE.

Por tal motivo, los efectos temporales de su aplicación se han de extender a todos los periodos impositivos no prescritos.


Desde esta perspectiva, no se trata de un problema de retroactividad sino de jerarquía de normas y de primacía del Derecho Comunitario garantizando, pues, la necesaria seguridad jurídica en la aplicación de un concepto autónomo propio del Derecho Comunitario.


Es pues necesario que desde las instancias superiores se inste a aplicar adecuadamente la Directiva Comunitaria y se ponga fin a este culebrón fiscal que, lejos de constituir un supuesto de fraude, evasión o elusión, incide en los Presupuestos Públicos, no altera las Cuentas consolidadas de las Administraciones Públicas, altera la financiación local y autonómica, y altera, también, los costes de un determinado servicio público.


Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor UPF y Socio Director DS



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