Protagonisme fiscal/Renda mínima debat social o fiscal

Actualizado: 19 de jul de 2018










ANTONIO DURÁN-SINDREU BUXADÉ

Profesor UPF y Socio Director DS


Tot seguit reporduim els articles de Durán-Sindreu publicats a La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i IURIS


EL MODEL DE SUÈCIA

La Vanguardia

Quan es parla de pressió fiscal, s’acostuma a citar Suècia com a exemple a seguir, com així passa, també, amb relació a moltes altres qüestions de caràcter social. Tot i això, s’oblida amb freqüència l’evolució que ha experimentat des de la dècada dels setanta. Suècia, sota el paradigma de l’Estat benefactor, i amb una intervenció important de l’Estat de caràcter exclusiu i universal, va assolir una pressió fiscal superior al 50%, una despesa pública superior al 60% del PIB i un alt estancament econòmic que va fer replantejar el seu paradigma transformant-lo en un altre d’inspirat en la participació publicoprivada, en un sistema mixt de finançament a través d’impostos i preus en funció del nivell de renda, i combinant la llibertat d’elegir de les persones amb el dret a una vida digna, paràmetres, entre altres, que han estat decisius per reduir la seva pressió fiscal al 44,3%, i per dinamitzar la seva economia. Sigui com sigui, cal subratllar que el nivell de compromís social dels suecs amb el seu Estat de benestar és fruit d’una interiorització personal que s’inicia des de petits i que es viu fins a la seva mort. És, en definitiva, una societat arrelada en valors que marquen i regeixen les seves vides. Des d’aquesta perspectiva és, sens dubte, un model a seguir.


Però no és or tot el que resplendeix. Suècia també és un país en solitud. La seva acció política se centra en la persona, com a individu aïllat, en detriment de la família, com factor de cohesió i solidaritat. La responsabilitat directa davant l’individu és doncs de l’Estat i no de la família; aspecte subtil, si es vol, però no menor, ja que la seva conseqüència és que es fomenta una societat individualista en la qual es viu i es mor en solitud; societat, esclar, en la qual les necessitats públiques per garantir una vida digna són més grans que les que requeririen aquelles altres en les quals l’Estat és també garant però en la seva condició de responsable subsidiari, això és, que aquest intervé únicament quan la família, com a responsable directe, no té prou recursos per atendre aquelles persones que, integrades dins d’ella, estan en situació de pobresa o d’exclusió social.Sigui com sigui, és important assumir que, previ al debat fiscal, és necessari el debat sobre el model social. Només després, i tan sol després, cal concretar les seves diferents polítiques, inclosa la fiscal. I tot, també, en el context de les circumstàncies concretes que defineixen cada país. No tot el que es compara és en definitiva homogèniament i objectivament comparable. I per això, precisament, les estadístiques no són sempre la millor referència. Potser per aquesta raó tinc la sensació que, en el nostre cas, no hem après encara que l’Estat benefactor no és possible, ni tampoc hem definit quin model social volem. Estem, crec, en la mera utopia populista.


“Previ al debat fiscal, és necessari el debat sobre el model social. Estem en la mera utopia populista”


¿INCENTIVOS O CLIENTELISMO FISCAL?

CINCO DÍAS

Cada vez más me pregunto si los incentivos fiscales contribuyen eficazmente a conseguir el objetivo que persiguen.


Personalmente, pienso que estos no inciden casi nunca en la decisión de invertir. En efecto; la empresa necesita un trabajador o no, o, por ejemplo, robotizar su almacén o no. Pero esta necesidad, en sí misma, es independiente de que exista un incentivo. La necesidad de invertir, por tanto, es una cuestión previa al propio incentivo. Cosa distinta es que, una vez decidida la inversión, la modalidad que se elija para ello venga condicionada por motivos fiscales y que la empresa opte, por ejemplo, por formalizar un contrato de leasing en lugar de uno de préstamo. Sea como fuere, el incentivo, en tales casos, incide tan solo en la fase posterior a la de la propia decisión, esto es, en la de su ejecución o elección de la modalidad concreta de contratación por la que la empresa opte. En consecuencia, los incentivos fiscales de esta naturaleza no inciden en la decisión en sí misma, sino en su fase posterior.


Lo mismo ocurre cuando el incentivo está orientado a fomentar determinadas conductas, como el ahorro, la natalidad o la igualdad. La decisión, por ejemplo, sobre engendrar una nueva vida, toma como referencia parámetros muy distintos a los fiscales, como la situación económica de la pareja, su futura estabilidad económica, sus convicciones interiores, etc. Pero nadie adopta tal decisión por el “cheque bebe”. Y si así lo hace, el problema es otro: la inmadurez de quien por tales motivos adopta una decisión tan trascedente. Tener hijos es una decisión de madurez; de educación. Lo mismo hay que decir sobre la decisión de ahorrar o de practicar políticas de igualdad. Ello está en función de nuestra convicción personal; de nuestros valores; de nuestra educación. Cuestión distinta, igual que acontece con el empresario, es pretender incentivar un determinado tipo de ahorro, por ejemplo, los planes de pensiones o los fondos de inversión. Pero en este caso, e insistimos de nuevo, no se promueve el ahorro sino una modalidad en concreto del mismo con beneficio indirecto, además, en favor de quien no es el ahorrador o, si se prefiere, su teórico beneficiario. En estos casos, se está de hecho “orientando” su conducta en detrimento de su libertad de elección.


En otros casos, el incentivo beneficia a personas con niveles más altos de renta en detrimento de otros. Este es el caso, por ejemplo, del incentivo al arrendamiento de viviendas previsto en nuestro IRPF. Se incentiva arrendar viviendas con la finalidad de dinamizar el mercado de alquiler en favor de colectivos concretos. El coste de tal incentivo reduce sin embargo la tributación de quien presuntamente tiene mayor capacidad de pago, como lo demuestra el hecho de ser propietario de un inmueble vacío sin necesidad de arrendarlo. En definitiva; mientras que lo normal sería disuadir de tal conducta con un mayor gravamen, lo que se hace es lo contrario: reducir su tributación.


A lo anterior, hay que añadir tres circunstancias. La primera, que no existe un seguimiento público de la eficacia de los incentivos, esto es, si estos tienen como resultado la finalidad que persiguen, circunstancia que, junto al necesario análisis coste-beneficio, es la que ha de aconsejar su supresión, revisión o mantenimiento. La segunda, que los incentivos rompen la neutralidad y, por tanto, la equidad. De ahí la necesidad de su justificación al beneficiar a quien realiza una determinada conducta en detrimento de quien no lo hace, normalmente, por carecer de recursos y capacidad para ello. Es el caso, por ejemplo, del incentivo en favor del propietario de la vivienda. Y la tercera, que los incentivos minoran la recaudación y, por tanto, su aplicación ha de estar justificada en términos de coste-beneficio en aras al interés general.


Lo anterior no quiere decir que los incentivos se hayan de eliminar, sino que estos han de ser selectivos, coyunturales, justificados y sujetos a revisión periódica.

Sea como fuere, el mejor incentivo es invertir en educación, esto es, en virtudes y valores, que son, en suma, los que permiten decidir con criterio y madurez. Pero claro, este tipo de incentivo carece de retorno político en término de votos. Por eso estoy convencido de que la mayoría de incentivos y ayudas que hoy existen obedecen esencialmente a una política de clientelismo fiscal que nada tiene que ver con la justicia ni con la equidad.



LA RENTA MÍNIMA: ¿DEBATE SOCIAL O DEBATE FISCAL?


La denominada “renta mínima” late cada vez con mayor fuerza. De mera propuesta académica, ha pasado a ser la solución de los males que el futuro nos depara. Los supuestos de pobreza y la destrucción de empleo que la revolución tecnológica y digital se dice que provocarán, son el origen de una propuesta que gana adeptos. Su parte más negativa es, sin duda, su financiación. De ahí, precisamente, que haya partidarios de una renta mínima universal, esto es, de una prestación económica para todos los ciudadanos sin excepción, y partidarios de una renta mínima selectiva, esto es, de una prestación económica para quienes integran los supuestos de pobreza; supuesto, este, muy similar a los de las diferentes rentas de inserción social que hoy ya existen o a la denominada renta garantizada de ciudadanía.


Sin embargo, y como casi siempre, se olvida que el debate real que hay que tener no es el de su viabilidad financiera, y, en su caso, el de su articulación o no como un impuesto negativo, sino el de qué modelo de sociedad es el que queremos. En efecto; existe un amplio consenso sobre la necesidad de un Estado justo que, coloquialmente, identificamos con el denominado Estado de Bienestar; consenso que se diluye cuando pretendemos definirlo. Me explico. Nadie niega que hay que erradicar la pobreza; pero ya no coincidimos tanto cuando lo que se debate es quien ha de asumir su coste. Mientras que para unos es el Estado, para otros no. Sin renta mínima, se dice, la persona no es realmente libre y la vida digna es un derecho sin contenido real. Y es cierto; sin embargo, no hay que olvidar que esta idea de libertad vinculada a la persona, como ser individual y aislado, es la que ha llevado a los países nórdicos a una vida en soledad y, por tanto, a una muerte en soledad. Y es que poner el acento en el individuo o, mejor, en el Estado como directo responsable y garante de la vida diga de la persona, tiene precisamente sus riesgos. Ante ello, hay que preguntarnos si este es el modelo de sociedad al que aspiramos. Para unos, sí; para otros, entre los que me incluyo, no. Si entendemos por responsable aquella persona que debe responder por otra, el primer responsable de atender un supuesto de pobreza, es, o son, los familiares de quien la padece. No ya porque civilmente sea esta su obligación, sino porque hacerlo es de sentido común. La verdad, sin embargo, es que se ignora con frecuencia la responsabilidad ética, moral y legal de los hijos para con los padres, de los padres para con los hijos, o, por ejemplo, de los hermanos entre sí. Cuando no hace más de un año se conoció el fallecimiento de una persona víctima de la pobreza energética, todas las voces reclamaron la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de las empresas suministradoras. Nadie, sin embargo, habló de la responsabilidad de sus familiares. Pues bien; ¿a qué modelo de sociedad aspiramos? ¿a uno de responsabilidad subsidiaria del Estado, o a otro de responsabilidad directa del mismo?


Si el modelo al que aspiramos es el primero, el responsable directo de las personas en situación de pobreza es su propia familia, y, por tanto, el derecho a una renta mínima de “pobreza” solo será exigible si los ingresos (y patrimonio) de la familia no superan los mínimos que la norma establezca. De hecho, algo muy similar a lo que ya ocurre hoy. Y si este es el modelo a seguir, hay que definir, primero, el perímetro familiar de referencia, y, segundo, el nivel de ingresos (y patrimonio) por debajo del cual una persona incluida en el mismo puede ser beneficiaria de una renta mínima o similar. Las necesidades de financiación de este modelo son obviamente muy distintas a las que se requieren para sufragar el coste de una renta mínima universal. Pero además, mientras que tal modelo de sociedad centra su atención en la familia, el segundo lo hace en la persona; mientras que en el primero el Estado es responsable subsidiario, en el segundo es responsable directo; mientras que en el primero el Estado solo responde de situaciones límites cuando la familia carece de los recursos suficientes, en el segundo responde siempre en primera persona; mientras que en el primero se fomenta la solidaridad, en el segundo el individualismo y la soledad. Será, este último, un modelo más justo en términos de libertad, pero será, también, uno más injusto en términos de equidad y de solidaridad.


El debate pues que subyace tras la renta mínima es el de definir si la finalidad del Estado de Bienestar es la de garantizar los mecanismos que permitan una vida digna o la de garantizar con carácter universal las prestaciones económicas que la hagan posible. En caso de que su finalidad sea la primera, el debate exige concretar también si en los supuestos de exclusión social, esto es, de pobreza, el Estado es el responsable directo de garantizar económicamente una vida digna, o si, por el contrario, es su responsable subsidiario. Sea como fuere, lo importante no es su financiación ni su posible instrumentalización, que también, sino el modelo de sociedad al que aspiramos y sus consecuencias; reflexión, esta, que es también necesaria para el resto de cuestiones de carácter social y económico. Prioricemos pues adecuadamente el debate y definamos, primero, ese modelo de sociedad, y después, y solo después, su fiscalidad.


PROTAGONISMO FISCAL


En su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, la Ministra de Hacienda recordó, citando a Bertolt Brecht, que “las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”. Nadie ha definido mejor la enfermedad que nuestro sistema fiscal padece. Pero, ¿cómo ha ser esa nueva fiscalidad?


Lo primera reflexión que hay que hacer es cómo financiar el gasto público. Me explico. La expansión del Estado de Bienestar ha promovido que las Administraciones Públicas presten cada vez más un mayor número de servicios que no se financian de idéntica forma. Unos, como la sanidad, se financian íntegramente con impuestos; otros, a través de tasas, y otros, a través de precios públicos. Por su parte, no todos los servicios se financian íntegramente con impuestos, tasas o precios, sino de forma mixta, estos es, que una parte de su coste se sufraga con impuestos y otra a través del precio o tasa que el usuario del servicio paga por el mismo. Se trata, en realidad, de supuestos de cofinanciación, como el transporte público. Existen también otros servicios, como las guarderías públicas, cuyos precios están, en algunos casos, en función del nivel de renta de su usuario. Sea como fuere, la diferencia esencial entre financiar el gasto a través de impuestos o de tasas y/o precios públicos, reside en que, mientras en el primer caso los costes no son individualizables porque se considera que su beneficiario es la sociedad en general y no una persona en concreto, en el segundo sí que es individualizable porque existe un beneficiario en concreto del servicio que, en la mayoría de los casos, coexiste con la propia sociedad como beneficiario que también es de los mismos.


Pues bien; en mi opinión, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de avanzar hacia la cofinanciación de los servicios públicos. Me refiero, claro está, a los servicios públicos susceptibles de individualización, incluida, por tanto, la sanidad. Lo que en estos casos hay que plantearse es qué parte de su coste es imputable a la sociedad y qué parte a quien utiliza el servicio. Esto nos permitiría reducir la presión fiscal general sin alterar la presión fiscal global. Se dirá, y es cierto, que de esta forma se altera la redistribución de la riqueza en perjuicio de quien más utiliza tales servicios que son, normalmente, las clases medias y bajas. Cierto. Pero para evitarlo, los precios han de fijarse en función del nivel de renta del usuario, esto es, con criterios de progresividad. La parte positiva de la propuesta es el uso más racional de los servicios, su mejor perceptibilidad por el ciudadano, y la necesaria eficiencia de los mismos; servicios que, de ser de calidad y excelencia, serán objeto de consumo generalizado por ciudadanos de todos los niveles de renta. Queda no obstante por resolver qué ocurre con el coste de tales servicios “imputable” a personas en situación de exclusión social, coste que obviamente la sociedad ha de asumir a través de impuestos. Se trata, por tanto, de avanzar hacia la cofinanciación social progresiva y solidaria de servicios de calidad.


Pero con ello solo hemos solucionado una parte del problema. Nos queda por abordar qué figuras impositivas en concreto hay que aplicar para financiar el coste que se financia con impuestos. En este contexto, es obvio que hay que avanzar en la fiscalidad verde, valorar la posibilidad de introducir un impuesto sobre activos no productivos que disuada el remansamiento excesivo y ocioso de beneficios, analizar introducir progresividad en los tramos más altos del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) en determinados casos y supuestos, afrontar la fiscalidad digital y la de los robots, valorar, al menos en determinados supuestos y condiciones, un impuesto mínimo en concepto de IS, replantear la fiscalidad sobre la riqueza, afrontar la viabilidad de un impuesto negativo que sufrague las prestaciones de quienes están en situación de exclusión social, impuesto que sustituiría a las que por razones idénticas se estuvieran hoy percibiendo, eliminar la mayor parte de los actuales beneficios fiscales que, dicho sea de paso, rompen la neutralidad y atentan contra la equidad, y avanzar en el impuesto sobre el gasto, además de un largo etcétera que incluye las medidas necesarias para reducir la conflictividad y garantizar la seguridad jurídica, avanzar sin más dilación en una política de fiscalidad colaborativa y participativa, e incrementar la lucha contra el fraude y la elusión en todos los ámbitos, sin olvidar fomentar la educación tributaria y la ejemplaridad pública.


A pesar de todo, no hay que olvidar la necesidad de priorizar, que exige debatir y concretar primero qué modelo de sociedad queremos y qué coste y consecuencias tiene para sus ciudadanos, es decir, y, entre otros, si el Estado es responsable subsidiario o directo en garantizar económicamente una vida digna, qué grado de colaboración público-privado es el adecuado, y cómo se protege el derecho a esa vida digna con la libre elección de los ciudadanos, esto es, con su derecho a la libertad y a la propiedad. Y todo, claro está, sin olvidar que, sin riqueza, ningún Estado de Bienestar es sostenible; riqueza cuya creación no se limita a aprobar incentivos sino a promover el marco económico, jurídico y social de confianza, estabilidad y seguridad en la que aquella crezca y se desarrolle de forma ética y socialmente responsable. Después, y solo después, es cuando la política fiscal es la protagonista.

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