Bases para una economía social y una fiscalidad justa

Article d'Antonio Durán-Sindreu, publicat a El Economista el dia 15 de febrer de 2019.



Uno de los problemas de nuestra fiscalidad es la visión corto placista (y electoralista) que la mayoría de nuestros políticos tienen. Sin ir más lejos, el Secretario de Estado de la Seguridad Social ha defendido que, para garantizar el pago de las nuevas pensiones, los salarios han de crecer. Lo importante, parece, es aumentar estos y no disminuir la alta tasa de paro y aumentar, por tanto, el número de cotizantes. Parece, pues, que fomentar las condiciones que permitan crear mayor riqueza y, por tanto, mayor empleo, no sea más importante. En definitiva, la diferencia entre una visión a corto o a medio y largo plazo. Más preocupantes son las observaciones del Banco de España y de la Autoridad Fiscal Independiente con relación a las previsiones de ingresos del Gobierno, sin olvidar las observaciones de la CEOE de que “cargar la fiesta” de impuestos a las empresas repercutirá en el empleo. Y podría seguir, pero no hace falta. Personalmente no sé quién tiene razón, pero el panorama que unos y otros nos presentan no es muy alentador.


En este contexto, se alimenta una controversia, que se nos presenta como irreconciliable, entre políticas de derechas y de izquierdas; entre progresistas y quienes no lo son; entre políticas liberales y sociales. Se habla, en fin, de presupuestos “sociales”; de justicia “social”; de la defensa de los “trabajadores”; de los “ricos” y de los “pobres”. Pero todo, obsérvese, en tono de confrontación; el “conflicto” es la noticia. Lo mediático es la “lucha”; el “enfrentamiento”. No se habla de un Estado “inclusivo” ni se prioriza el amplio consenso que tanto se verbaliza.


¿Cómo revertir esta empobrecedora visión? Pues con pedagogía, paciencia y valentía; con consenso y diálogo. Con educación y respeto. Pero, sobre todo, con conocimiento de la realidad y una objetiva y precisa valoración económica y social de los efectos positivos y negativos que las distintas medidas a adoptar van a tener; efectos, claro está, a medio y largo plazo. Falta, en definitiva, un consensuado proyecto estratégico de futuro.


Es por tanto imprescindible tejer los mimbres que nos permitan edificar una sociedad con capacidad de generar los máximos recursos públicos posibles; una sociedad capaz de garantizar a sus ciudadanos una vida digna; una vida en libertad. Recursos que provengan de un sistema tributario sostenible y razonable; de una fiscalidad eficiente que distorsione lo menos posible las decisiones de trabajar, invertir, ahorrar y/o consumir. No voy a insistir de nuevo en la necesidad de que para ello lo prioritario es la eficiencia y la eficacia en la gestión del gasto ya que, sin ella, cualquier sistema tributario es, por definición, injusto.


Pero sí voy a insistir en una idea capital. La capacidad de generar recursos exige una sociedad con capacidad de generar riqueza. Es pues obvio que, si no se fomenta la iniciativa y la empreneduría, es imposible conseguir el objetivo. Lo urgente, por tanto, es consensuar un marco económico y social que fomente, propicie y promueva la riqueza y la excelencia. Un marco orientado al bien común y no al interés particular; a la comunidad y no al individuo. Ambas, riqueza y excelencia, son necesarias para que la sociedad avance. Sin ellas, no hay trabajo. Pero para ello es necesario un marco normativo flexible y no intervencionista que fije las reglas de juego con proporcionalidad y singularidad. Me explico; no se trata de establecer obligaciones generales para todos. Se trata de adecuarlas al tamaño de cada empresa y de que se tengan en cuenta las muchas singularidades que los diferentes sectores tienen. Se trata de normas sencillas y asumibles y no de un muro normativo que desincentive la iniciativa y la inversión; se trata de normas que den seguridad jurídica y confianza a todos los operadores. Se trata, en definitiva, de un esfuerzo de consenso y de equilibrio entre lo público y lo privado; de trabajar y colaborar de forma conjunta; de facilitar la creación de riqueza; el desarrollo del talento; la creación de valor. Todo lo contrario, por tanto, a burocratizarla con una hipertrofia normativa. La clave, pues, es el equilibrio y consenso entre lo público y lo privado y no la discusión sobre las excelencias o veleidades de uno u otro. Se trata de sumar; no de excluir; se trata de consensuar conjuntamente las reglas que permitan que las normas se cumplan por convencimiento y no por obligación. Se trata de facilitar; no de obstruir.


Este marco regulatorio requiere de órganos supervisores e independientes que eviten situaciones de abuso y de privilegio; que eviten la concentración de riqueza y de poder. Se trata de dignificar la riqueza, la creación de talento y de valor; de construir las bases de una economía ética, social y comprometida con unos valores como sociedad; de construir una sociedad capaz de generar recursos que garanticen una vida digna. Y se trata, claro está, de redistribuirlos de forma justa. Y ahí, una vez más, es donde el equilibrio entre lo público y lo privado exige un acuerdo con marcado acento “social”. Esta, y no otra, es la base de una economía social de mercado, de un liberalismo social. Se trata, en suma, de un proyecto estratégico a largo plazo que requiere de valentía, pedagogía y paciencia.


Este es pues el primer ingrediente para construir, después, un sistema tributario acorde con ese proyecto de sociedad.


Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor UPF y Socio Director DS

4 vistas