Units per Avançar reclama un pacto de Estado por la cohesión y el consenso social

Units propone la creación de una Comisión de expertos por un Pacto de Estado por la cohesión y consenso social para diseñar una propuesta de reformas estructurales.

 

Ramon Espadaler ha apelado, además, una «a los partidos sistémicos tanto del ámbito catalán como estatal para que participen en este nuevo contrato social»

 

El informe, presentado por Ramon Espadaler, secretario general, y por Antoni Durán-Sindreu, miembro del comité directivo y coordinador del programa económico, constata que el incremento de los precios de la energía y de materias primas, además del de los productos agroalimentarios, se ha trasladado a los precios generando una inflación que dispara los costes de las empresas y los precios finales para los consumidores. Una situación que ha empeorado por la invasión de Ucrania y que coincide con que, tras las dos últimas crisis (2007 y COVID), España no ha afrontado las reformas estructurales necesarias en los ámbitos económicos y de la Administración Pública.

 

Ambas crisis han manifestado los déficits del modelo económico y la necesidad de diseñar un nuevo marco económico y social que nos permita crear riqueza y empleo, recuperar la clase media, reducir la pobreza, y sentar las bases para corregir nuestro déficit estructural y reducir la Deuda Pública cercana ya al 120% del PIB.

 

Los datos económicos demuestran una lenta recuperación postpandemia, truncada a consecuencia de la actual alza de precios y costes y que parecen ser la antesala de una nueva crisis económica.

 

Es necesaria una respuesta urgente

 

En este contexto, el secretario general de Units per Avançar ha remarcado que “el mundo ha cambiado. Por este motivo, son necesarias reformas profundas tanto en el ámbito de la economía como en el de la Administración. Su complejidad requiere un amplio acuerdo”. Y ha añadido que “la preocupación social por el futuro requiere una respuesta urgente, con decisiones firmes que garanticen la imprescindible cohesión social. Sólo es posible a través de un amplio consenso social que fije las líneas generales de un nuevo compromiso o contrato social, similar al que en su día fueron los Pactos de la Moncloa”.

 

Espadaler ha apelado, además, «a los partidos sistémicos tanto del ámbito catalán como estatal para que participen en este nuevo compromiso o contrato social».

 

Por su parte, Durán-Sindreu ha remarcado que las medidas que hasta ahora se han hecho públicas no centran el foco en el verdadero problema: nuestro modelo económico, nuestro déficit estructural, y elevada Deuda Pública.

 

En este contexto, ha señalado que no es el momento de bajar los impuestos y que el incremento de la recaudación debe provenir de la nueva riqueza y empleo que seamos capaces de crear, y no de la riqueza ya existente, así como de mejorar la redistribución de los impuestos de forma que pague más quien más tiene.

 

Asimismo, ha afirmado que esto es compatible con la necesidad de deflactar la tarifa del IRPF para que nadie pague nada menos que lo que pagaba con anterioridad. No hacerlo, es aumentar los Impuestos, y muy especialmente, en las rentas medias y bajas.

 

En cualquier caso, lo que es imprescindible en su opinión es un Pacto de Estado para la cohesión y consenso social, esto es, una Comisión de expertos independientes, agentes sociales, y sociedad civil, para diseñar una propuesta sobre las reformas estructurales a acometer a corto, medio y largo plazo, con el fin de crear riqueza y empleo.

 

Asimismo, ha subrayado la necesidad de sentar las bases del equilibrio presupuestario y de la reducción del porcentaje de Deuda Pública, así como revisar a través del AIREF el gasto innecesario, en concreto, el gasto superfluo, las duplicidades, y el gasto “clientelista”, así como las políticas de gasto con criterios de eficiencia y eficacia, suprimiendo las que carezcan de retorno económico o social.

 

Por otra parte, ha subrayado la necesidad de inyectar liquidez a determinadas rentas proponiendo un Bono social (ayuda económica) de 1.000 € por persona de carácter progresivo y extraordinario para rentas por debajo del salario medio. Para rentas inferiores al umbral de la pobreza, la ayuda sería del 100%, disminuyendo su importe a medida que el importe de la renta sea mayor.

 

Asimismo, ha afirmado que el problema actual no es la presión fiscal, sino cómo ésta se distribuye entre los distintos niveles de renta. Por este motivo, propone redistribuir adecuadamente el actual esfuerzo fiscal aligerando la presión fiscal de las clases bajas y medias e incrementando la de las rentas altas.

 

Propone igualmente un amplio conjunto de medidas en diferentes ámbitos, especialmente en cuanto a la atención de los más vulnerables, priorizando las políticas selectivas de gasto, la capitalización y continuidad de las empresas viables, así como la creación de empleo, además de uno amplio conjunto de medidas fiscales entre las que destaca la urgencia de implementar la fiscalidad medioambiental, y un sistema tributario más redistributivo.

 

 

3 de mayo de 2022

 

PS. A continuación detallamos todas las propuestas.

 

PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL DEBATE

 

 

  • Nuevo modelo económico y reformas estructurales:

o Pacto de Estado por la cohesión y consenso social.

Se propone la creación de una Comisión de expertos independientes, agentes sociales y sociedad civil, para diseñar una propuesta sobre las reformas estructurales a acometer a corto, medio y largo plazo, con el fin de crear riqueza y empleo.

La propuesta debe incluir la política de reindustrialización, planes de reestructuración sectorial (entre otros, automóvil, sector del transporte, agrario, ganadero y pesquero), y un cambio en las cadenas de suministro globales y que se han visto afectadas por la pandemia y la invasión de Ucrania.

La propuesta debe diseñarse sin olvidar los objetivos de la Agenda 2030 y los de la UE en relación con los Fondos Next Generation.

o En coherencia con la anterior medida, es necesario promover el aprovechamiento y la fortaleza de los Fondos Next Generation, imprescindibles para cumplir los objetivos de digitalización, sostenibilidad, reequilibrio territorial, e igualdad de género, haciéndolos accesibles al tejido de las PYMES , facilitando y agilizando su tramitación.

 

  • Gasto Público:

o Establecer las bases del equilibrio presupuestario y de la reducción del porcentaje de Deuda Pública.

o Revisión a través de la AIREF del gasto innecesario, en concreto, el gasto superfluo, las duplicidades, y el gasto “clientelista”.

o Revisión a través de la AIREF de las políticas de gasto con criterios de eficiencia y eficacia, suprimiendo aquellas que carezcan de retorno económico o social.

Cabe señalar que la eficiencia y la eficacia son una obligación y no una opción. También hay que tener en cuenta que una parte del trabajo que se propone, ha sido ya realizado por la AIREF sin que, a día de hoy, sus conclusiones hayan tenido consecuencias de relevancia.

o Supresión de incentivos y subvenciones sin retorno económico o social.

o Fomento de la colaboración público-privada.

o Racionalización (redimensionamiento) de la Administración pública y reducción a 1/3 el número de puestos de designación política.

o Transparencia y rendición de cuentas.

o Obligada valoración de las políticas públicas (con posterioridad)

o Copago por la utilización de determinados servicios públicos.

o Lucha permanente contra la corrupción y los supuestos de abuso del Estado del Bienestar (aplicación estricta del principio de subsidiariedad)

o Orientar los superávits hacia las políticas sociales más prioritarias y la devolución de la deuda.

 

  • Justicia redistributiva y fiscalidad:

o Instaurar un impuesto extraordinario (temporal) a los grandes beneficios de carácter finalista con el fin de reducir la deuda pública y financiar parcialmente el coste de las medidas adicionales que deban adoptarse.

o Redistribuir adecuadamente el actual esfuerzo fiscal aligerando la presión fiscal de las clases bajas y medias e incrementando la de las rentas altas.

o Grabar una parte de las ganancias de capital no realizadas (dividendos no distribuidos) en el caso de empresas que superen los límites de facturación que se establezcan (u otros límites de referencia) preservando la necesaria capitalización de las empresas, la inversión en activos no productivos, y la creación de empleo.

Hay que tener en cuenta que la contribución del capital es desproporcionadamente inferior a la del trabajo.

o Suprimir el Impuesto sobre Patrimonio e instaurar un Impuesto sobre las Grandes Fortunes con carácter finalista: financiación de los supuestos de dependencia.

o Ajustar la tarifa del IRPF a la inflación.

o No hacerlo es aceptar, de hecho, un incremento de Impuestos que afecta muy especialmente a las rentas bajas y medias.

o Instaurar un impuesto negativo sobre la Renta (es decir, con crédito fiscal a favor de los contribuyentes en el caso de rentas inferiores al umbral de la pobreza, o el que se establezca), reorientando y unificando todas las ayudas actualmente existentes.

o Política fiscal activa en defensa del medio ambiente: implantación urgente de la fiscalidad medioambiental.

o Incremento de los medios humanos y materiales por la lucha contra el fraude, entendiendo como tal, lo oculto.

o Incentivar el compromiso de las empresas con las políticas sociales.

o Mejorar la legislación con el fin de evitar la elusión fiscal.

 

  • Política social:

o Bono social (ayuda económica) de 1.000 € por persona de carácter progresivo y extraordinario para rentas por debajo del salario medio. Para rentas inferiores al umbral de la pobreza la ayuda sería del 100%, disminuyendo su importe a medida que el importe de la renta sea mayor.

o Revisión de los actuales bonos sociales para sectores vulnerables.

o Actualización del ingreso mínimo vital y otras prestaciones similares.

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