La vivienda es una prioridad y una problemática de carácter transversal para todos los miembros de la sociedad. La precariedad en el empleo y el escaso crecimiento de los salarios está aumentando la tendencia de la vivienda de alquiler. Pero la falta de adaptación de la oferta a esta situación ha provocado una subida generalizada de los precios de los alquileres.

Con el fin de proporcionar a la población una mayor oferta de vivienda queremos realizar diversas iniciativas como, por ejemplo, poner en el mercado las viviendas ya existentes, pero que están desocupados, y crear un parque público residencial de alquiler. Históricamente, se ha realizado orientado a la venta, pero es una tendencia que no se adapta al contexto actual. Con su creación podríamos garantizar el derecho a la vivienda a la población con menos recursos.

Nos encontramos en una situación donde el uso actual del suelo se ha visto transformado en detrimento de los residentes de las ciudades. Esto nos obliga a impulsar medidas que eviten la sustitución de tejido residencial para oficinas o usos turísticos. En el caso de las viviendas que se destinen a uso turístico, proponemos la aplicación de una tasa por cada noche de disponibilidad de la vivienda o de algunas de sus habitaciones de alquiler turístico.

Consideramos que el camino a seguir es el contrario al actual y que se deben buscar medidas destinadas a incrementar el número de viviendas. Esto puede hacerse aumentando la edificabilidad en los planteamientos urbanísticos, favoreciendo las nuevas construcciones o promocionando medidas que incentiven la entrada en el mercado de viviendas que ahora no están. Por ejemplo, ofreciendo más seguridad jurídica o evitando usos alternativos al habitual en la zona metropolitana. Es el momento de replantear el urbanismo, pero sin olvidar que aún nos falta inversión en infraestructuras para la ciudad.

Con nuestra propuesta también ayudamos a potenciar la cohesión del tejido urbano. El objetivo es generar una ciudad amable y cercana que disponga de comercios distribuidos a lo largo de la ciudad y no concentraciones puntuales de comercio en el extrarradio. Esto lo conseguimos fomentando el empleo de todos los locales de planta baja y los pequeños negocios y haciendo posible un transporte público sostenible y eficiente.

Hay que corregir las deficiencias del actual sistema y adaptar los criterios urbanísticos del siglo pasado a las necesidades y criterios del siglo XXI. La colaboración público-privada es fundamental para ofrecer nuevo tejido residencial, sólo necesitamos buenas políticas urbanísticas. Podemos crear acuerdos de cooperación que hagan posible una urbanización de zonas del extrarradio y que vayan acompañadas de las infraestructuras adecuadas, como el transporte público. Con esta propuesta, la administración pública coge el rol de dinamizador, ofreciendo suelo donde edificar, y pone la inversión al servicio de las personas, construyendo y gestionando.